
Existe una gran polémica en el país a propósito de que, con mucho sigilo, los congresistas aprobaron un proyecto de ley, ahora a sanción presidencial, para regular las encuestas de opinión política, conocimiento, favorabilidad e intención de voto sobre personajes o candidatos de elección popular del orden local, regional o nacional.
Además de crear unos inusuales requisitos para poder realizar las encuestas (que incluye revelar el precio que se pagó para realizarla), la nueva norma crea la “Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral” a cargo del Consejo Nacional Electoral y establece unos plazos bien restrictivos para poder publicarlas.
Sin lugar a dudas, las encuestas son muy importantes como herramienta de investigación de mercados y más en el campo político, en donde al final sobre lo que se decide es algo tan trascendental como la democracia y las libertades de los ciudadanos. Por lo mismo, por lo que está en juego, hay que tener mucho cuidado sobre la manera en que se realizan y el impacto que causan en los potenciales electores.
Sobre todo, porque en los últimos años muchas de sus predicciones han sido evidentemente contrarias a los resultados finales de la contienda electoral. Y ello indica: o que no tienen la idoneidad para hacerlo, lo cual es dudoso dado el grado de sofisticación y cientifismo que ha alcanzado la investigación de mercados (sobre todo, con la práctica de la minería de datos) o, lo que sería muy grave, intencionalmente han estado manipulando la opinión, tratando de posicionar con mucha anticipación en la mente de los electores y votantes a candidatos, propuestas o movimientos políticos que en realidad no tenían mayor opción. Tanto así, que hoy se habla de las relaciones estrechas de varias encuestadoras con reconocidos dirigentes políticos.
También es cierto que los debates entre candidatos que organizan los medios los hacen invitando solamente a quienes van en los primeros lugares de las encuestas y no a todos, con lo cual igualmente se afecta el derecho de los ciudadanos a la información y a conocer todas las propuestas antes de decidirse y elegir.
Es tan importante hoy el papel de las encuestas en el panorama político que casi se podría afirmar que: “¡Quién encuesta elige…!”, parodiando aquella frase famosa que ha hecho carrera en la historia de Colombia: “El que escruta elige”.
Sobre esto último, en “100 años de Soledad”, Gabo describe un episodio en Macondo cuando se organiza la primera votación formal. En esa ocasión gana el candidato conservador a alcalde del incipiente municipio por la manipulación del conteo de votos por parte del corregidor — don Apolinar, el suegro de Aureliano – que elimina papeletas liberales enviando las urnas adulteradas a la capital.
Y como olvidar la elección presidencial del 19 de abril de 1970 en la que el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo declaró Toque de Queda y, al día siguiente, Estado de Sitio prohibiendo las trasmisiones por Radio al percatarse que estaba ganando Gustavo Rojas Pinilla, de la Anapo, frente al conservador Misael Pastrana Borrero. Durante la madrugada “aparecieron” muchísimos votos, incluso de personas fallecidas, a favor de Pastrana, quien fue el ganador.
Por eso, si bien nos parece que la nueva ley – ya bautizada “Ley Mordaza” – de alguna manera está coartando el derecho a la información de los ciudadanos y la libertad de la empresa privada en realizar las encuestas y publicarlas, también es cierto que hay que establecer unos parámetros para que no se siga favoreciendo a algunos y manipulando a la opinión pública.

Por Víctor Herrera Michel Abogado-Periodista. Autor de los libros Como Ganar las Elecciones y Manual del Candidato Ganador. Ganador del premio nacional de periodismo Analdex/Proexport 2012. Ha sido catedrático universitario, presentador de diversos programas en Telecaribe y columnista en varios medios de comunicación impresos y digitales. Actualmente es director del Noticiero de la Gente que se emite por la Voz de la Patria Celestial. @vherreram
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