Bajo el nombre «Laura, niños no experimento», fue radicado en el Congreso de Colombia el Proyecto de Ley 211 de 2026 (Senado), una iniciativa que busca prohibir los tratamientos quirúrgicos y hormonales de cambio de sexo en menores de edad. El proyecto fue presentado el 26 de agosto por el representante Luis Miguel López Aristizábal, junto con el senador Andrés Eduardo Forero Molina y otros miembros del Senado y la Cámara de Representantes, con el respaldo de la bancada del Centro Democrático.
¿Quién es Laura y por qué el proyecto lleva su nombre?
El nombre del proyecto rinde homenaje a Laura, una joven colombiana de Palmira, Valle del Cauca, hoy de 23 años, cuyo caso desató un fuerte debate nacional. Su historia comenzó en la infancia, cuando fue víctima de abuso sexual entre los cinco y siete años, episodio que, según su defensa, marcó un profundo rechazo hacia su feminidad. Ya en la adolescencia, un psiquiatra la diagnosticó con disforia de género sin tener en cuenta ese antecedente de abuso, y recomendó a sus padres iniciar tratamiento en la Fundación Valle del Lili, en Cali.
A los 15 años, Laura comenzó a recibir testosterona y, posteriormente, bloqueadores de pubertad, bajo el seguimiento del equipo médico liderado por el doctor Mario Angulo, pediatra endocrinólogo. El proceso se extendió hasta que, ya siendo mayor de edad, fue autorizada para una cirugía de masculinización pectoral, realizada en una institución externa. Según su abogado, Pedro Contreras, la joven manifestaba dudas sobre su diagnóstico desde 2017 —»Tal vez sí soy Laura», habría dejado registrado en su historia clínica—, y ni ella ni sus padres recuerdan haber firmado los consentimientos informados que exigen este tipo de procedimientos.
El caso que encendió la alarma pública
La controversia escaló meses después, cuando el creador de contenido Samuel Adrián publicó el documental «Colombia: Fábrica de Niños Trans», que recogió el testimonio de Laura junto a otros casos similares y superó los tres millones de reproducciones. La producción, difundida también por el comunicador Jonathan Silva, señaló directamente al doctor Mario Angulo y a la Fundación Valle del Lili, lo que llevó a la institución a retirar su clínica de género del catálogo de servicios y a desvincular al equipo médico que la lideraba. Posteriormente, tras una orden judicial, la Fundación confirmó que había practicado tratamientos de afirmación de género a al menos 80 menores en su Clínica de Género para Niños y Adolescentes.
La Fundación Valle del Lili, por su parte, se ha pronunciado señalando que no ha recibido notificación formal de demanda alguna y que cumplirá con los procedimientos legales correspondientes en caso de ser notificada.
De qué se trata el proyecto de ley
La iniciativa busca prohibir de manera expresa las intervenciones hormonales, los bloqueadores de pubertad y los procedimientos quirúrgicos de reasignación de sexo en menores de edad, bajo el argumento de que estas decisiones, al ser irreversibles, no deberían tomarse antes de la mayoría de edad. El senador Andrés Forero ha solicitado públicamente el respaldo político del presidente Abelardo de la Espriella para sacar adelante el proyecto en el Congreso, luego de que el mandatario se refiriera al arresto del director del documental y señalara que «llegó la hora de que el Congreso legisle sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos».
La postura del presidente De la Espriella
El presidente Abelardo de la Espriella respaldó públicamente la necesidad de legislar sobre el tema, luego de confirmar la captura, hace 10 días, del creador de contenido mexicano Samuel Adrián, director del documental «Colombia: fábrica de niños trans». El mandatario pidió al Congreso «legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores», al considerar que «la interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños». Además, solicitó que este tipo de decisiones no queden en manos de tutelas, protocolos administrativos o criterios jurisprudenciales, sino que sean reguladas directamente por la ley.
Redacción Buenas Nuevas
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