
La incertidumbre y el dolor marcan a las familias por la desaparición de ocho personas en el municipio de Calamar, Guaviare, quienes llevan más de 40 días sin recibir información sobre su paradero. Las disidencias de las Farc citaron a los afectados, miembros de dos iglesias evangélicas, supuestamente para una actividad comunitaria. Sin embargo, desde entonces no se ha sabido nada de ellos.
Según testimonios recogidos, el 3 de abril las disidencias de las Farc convocaron mediante videollamada a varios líderes sociales y religiosos y los citaron en la vereda Puerto Nuevo. Al llegar al punto indicado, las mujeres que los acompañaban fueron detenidas y les aseguraron que los hombres regresarían a las tres de la tarde. Sin embargo, no volvieron y desde entonces no ha habido contacto.
La comunidad de Calamar vive bajo restricciones impuestas por los grupos armados, donde los horarios y las actividades cotidianas están controlados. Los cultos deben realizarse temprano, y después de las seis de la tarde no se puede transitar, reveló un pastor local. La desaparición ha causado temor y desesperanza, acentuado por la falta de respuestas oficiales. A pesar de los anuncios del alcalde Farid Camilo Castaño, que incluyeron la oferta de una recompensa, no se han tomado acciones concretas para esclarecer el caso.
Sin respuestas
La ausencia de los desaparecidos afecta emocional y espiritualmente a sus familias, especialmente a los niños que han quedado sin sus padres. Mientras tanto, la Senadora Lorena Ríos ha intentado activar mecanismos institucionales con la Fiscalía, el Ejército y las autoridades locales, pero hasta el momento no hay avances. “Es preocupante que los líderes religiosos estén sujetos a las órdenes de grupos armados ilegales”, afirmó la legisladora.
La falta de respuestas y el aparente desinterés del Estado acentúan el dolor. “Si esto hubiera pasado en otra parte del país, ya habría drones, helicópteros, escuadrones. Aquí no ha pasado nada”, expresó un poblador, cuestionando el abandono histórico que sufre el Guaviare.
El caso refleja la vulnerabilidad de las comunidades rurales bajo el control de grupos armados, donde la falta de presencia estatal alimenta la impunidad y el silencio. Mientras los familiares siguen esperando respuestas, la incertidumbre y el abandono continúan marcando sus vidas.
Redacción Buenas Nuevas

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