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El senador por la Alianza Verde, Iván Marulanda, entregó ayer a la Secretaría del Senado un proyecto de Ley para que en Colombia se establezca una renta básica para las personas más vulnerables, con motivo del impacto económico por el coronavirus. De acuerdo con Marulanda, la iniciativa la apoyan 47 senadores y 21 representantes, quienes esperan que los ciudadanos más vulnerables por la crisis puedan tener un pago de un salario mínimo legal. La propuesta, que tendrá que cursar debates en el Congreso, no es una iniciativa viable para el Gobierno. Hay que recordar que, en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que de momento no es una iniciativa que tenga cabida toda vez que el gasto social que hace el Estado por la pandemia ya justifica una suerte de renta básica. Sin embargo, los congresistas proponentes dicen que es necesario entregar un aliciente económico mucho más completo que los subsidios de $160.000 o pagos complementarios que no alcanzan a ser un salario mínimo. La iniciativa, según Armando Benedetti, senador por el Partido de la U, tiene la intensión de impactar de manera positiva a nueve millones de hogares en Colombia, con un pago de $877.000. A la discusión ya se sumaron otros actores como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), quienes creen que es una propuesta atractiva y necesaria, pero debe condicionarse a una reforma fiscal que aumente significativamente el recaudo del Gobierno, pues una renta básica de un salario mínimo tendrá un costo significativo para las finanzas del país Lo anterior a pesar de que Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), asegurara en mayo pasado que un ingreso básico para los más pobres urge para equilibrar los niveles de inequidad que se agudizan por la aparición del coronavirus. En un principio Benedetti mencionó que la renta básica sería “de emergencia”, lo que quiere decir que tendría un plazo limitado que, si bien no se ha hecho específico, podría alcanzar a los tres meses. Aunque la misma Bárcena ha dicho que este pago no debería ser coyuntural sino estructural, es decir: que se mantenga incluso después de la pandemia.