“El nuevo decreto borrador de 2026 no resuelve el riesgo; lo hereda”.
El Río Magdalena nos pertenece a todos. Y todos somos responsables de lo que le pase. Ciento treinta municipios colombianos dependen del este cauce vitalcomo fuente de agua potable. Por esa misma arteria, más del 90% de la carga fluvial del país, la mayoría hidrocarburos, se moviliza a diario en embarcaciones que en su gran mayoría siguen siendo de casco sencillo. Llevamos diez años aplazando la obligación de cambiar eso. Y el nuevo decreto borrador de 2026 confirma que seguiremos aplazando.
El doble casco no es una exigencia burocrática ni un capricho regulatorio. Es el estándar internacional adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) después del desastre del Exxon Valdez en 1989, precisamente para evitar que un accidente en un río, un lago o un océano se convierta en una catástrofe ambiental irreversible. Colombia lo incorporó a su normativa hace años. Pero desde 2015, la historia ha sido la de un aplazamiento tras otro: primero hasta 2020, luego hasta 2024, después hasta 2027, luego hasta 2028, y hoy hasta 2034 y 2039, según el tramo fluvial.
Cada vez que el Gobierno Nacional acepta un nuevo aplazamiento, presionado por la resistencia de un sector de la industria naviera, no está protegiendo al transporte fluvial. Está trasladando el riesgo a los municipios que dependen de este gran afluente para abastecerse de agua potable, a las comunidades ribereñas, a los pescadores que viven del río y a los ecosistemas que dependen de él. Porque cuando se pone en riesgo el Magdalena, no solo se pone en riesgo un corredor logístico estratégico para el país. Se pone en riesgo la seguridad hídrica, el sustento de miles de familias y la vida que depende de sus aguas.
La pregunta no es si podemos permitirnos implementar el doble casco. La pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo.
La pregunta no es si podemos permitirnos implementar el doble casco. La pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo. Un derrame masivo de hidrocarburos en el tramo medio del Magdalena no sería solo una tragedia ambiental. Sería también una crisis humanitaria y una responsabilidad jurídica de proporciones incalculables para el Estado colombiano y para los operadores involucrados. El costo de la prevención es infinitamente menor al costo de la catástrofe.
En abril del 2026, el Ministerio de Transporte circuló el borrador de un nuevo decreto que pretende modernizar integralmente el régimen del servicio público de transporte fluvial en Colombia. Sin embargo, en materia de doble casco, el decreto comete el mismo error de siempre: No establece un cronograma propio, no fija una fecha límite, no crea mecanismos de financiamiento para la reconversión de flotas. Simplemente remite a la Resolución 1918 de 2015, el mismo instrumento que acumula una década de aplazamientos sucesivos. El nuevo decreto no resuelve el problema; lo hereda.
Esta remisión normativa no es un detalle técnico menor. Es una decisión de política pública con consecuencias ambientales y jurídicas de primera magnitud. Al no incluir en el decreto mismo las condiciones y plazos para la implementación del doble casco, el Ministerio de Transporte deja abierta la puerta para una nueva ronda de aplazamientos.
Lo que Colombia necesita es un cronograma vinculante, establecido por ley, que sea irreversible e improrrogable. Este debe estar acompañado de instrumentos financieros concretos que faciliten la transición: líneas de crédito del Bancóldex para la reconversión de flotas e incentivos tributarios para los operadores que adelanten la implementación. El nuevo decreto era la oportunidad perfecta para hacerlo. Lamentablemente, esa responsabilidad fue postergada una vez más.
El problema del doble casco ya no es técnico. Es una decisión de política pública nacional. Y será responsabilidad del próximo ocupante de la Casa de Nariño decidir si Colombia quiere seguir administrando aplazamientos o comenzar, por fin, a administrar prevención.
Sobre el autor
Javier Ahumada Serna es Socio Fundador de Enfoque Estudio Legal (eel.com.co), firma especializada en derecho corporativo, Oil & Gas, energía y fusiones y adquisiciones con sede en Barranquilla. Especialista en Derecho Comercial, Procesal y de Sociedades, con más de 15 años de experiencia en asesoramiento jurídico al sector energético y de transporte fluvial.
javierahumada@eel.com.co | eel.com.co | LinkedIn: Javier Ahumada Serna
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