La caída del Ministerio de Igualdad abrió un vacío institucional que el debate presidencial todavía no termina de mirar de frente. En un país con millones de personas con discapacidad, familias que sostienen cuidados cotidianos y mujeres cuidadoras que han cargado durante años lo que el Estado no ha sabido organizar, la pregunta ya no puede ser si los candidatos mencionan la inclusión. La pregunta es mucho más concreta y más incómoda: quién va a gobernar realmente la política nacional de discapacidad, cuidados y apoyos.
Para comprender el alcance de ese vacío, el pasado jueves 11 de junio de 2026 entrevistamos en su residencia, en Barranquilla, al constitucionalista Luis Miguel Hoyos Rojas, considerado una de las voces técnicas autorizadas del país en legislación sobre discapacidad y sistemas inclusivos.
A su juicio, la crisis no es de nuevos reconocimientos jurídicos ni de más promesas, sino de institucionalidad, rectoría, presupuesto, articulación territorial y capacidad real de ejecución. Hoyos revisó las propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Antes de iniciar esta entrevista, aclara que no habla como representante de las personas con discapacidad, sus familias o las personas cuidadoras, sino como académico experto preocupado por el rigor constitucional e institucional de una agenda que, en sus palabras, “no resiste más improvisaciones”.
“La pregunta es quién responde”
BN. ¿Cuál es su principal preocupación sobre discapacidad?
LMH. Que seguimos confundiendo mención con respuestas. Las campañas, por ejemplo, han empezado a hablar de discapacidad, cuidados y apoyos. Eso es positivo, pero insuficiente. La pregunta de fondo es otra: quién responde. Tras la caída del Ministerio de Igualdad y de la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el país queda ante un vacío institucional. Y ese vacío no se llena con buenas intenciones. Hay que decir quién asumirá la rectoría, qué pasará con el Sistema Nacional de Discapacidad, cuál será el papel del Consejo Nacional de Discapacidad, cómo se articulará esta política con el Sistema Nacional del Cuidado y qué entidad tendrá capacidad real para llegar a los territorios. El examen de las propuestas busca elevar el nivel técnico del debate presidencial. No se trata de favorecer ni afectar a nadie. Se trata de exigir seriedad.
“Una agenda justa sin Estado termina siendo frustración”
BN. ¿Por qué la caída del Ministerio de Igualdad cambia tanto el escenario?
LMH. Porque deja una lección incómoda. El rigor que faltó para sostener institucionalmente al Ministerio no puede volver a faltar en la política de discapacidad. Una agenda puede ser justa, incluso necesaria, pero si no tiene diseño institucional, competencias claras, presupuesto, capacidad de ejecución y articulación sectorial, termina convertida en frustración. La discapacidad no puede quedar otra vez en una promesa sin institucionalidad. La crisis no es de derechos ni de más reconocimientos. Es de institucionalidad y ejecución, sobre todo en los territorios. El próximo gobierno no puede limitarse a decir que continuará, corregirá o creará algo nuevo. Tiene que decir cómo lo hará, con qué entidad, con qué recursos y bajo qué autoridad.
“La discapacidad no es un anexo social”
BN. ¿La discapacidad sigue siendo tratada como un tema secundario?
LMH. Sí. Y ese es el problema de fondo. Mire usted cuántos medios de comunicación han puesto este asunto como parte del debate presidencial. La discapacidad sigue apareciendo como un programa de cuatro años y no como un sector del Ejecutivo Nacional. Colombia tiene alrededor de tres millones de personas con discapacidad y más de tres millones de personas dedicadas al cuidado no remunerado, en su mayoría mujeres. No hablamos de una población marginal. Hablamos de hogares, territorios, pobreza, empleo, educación, salud, justicia, movilidad y desarrollo económico. Un país que envejece, que mantiene desigualdades profundas y que descansa buena parte del cuidado sobre mujeres no remuneradas no puede seguir tratando la discapacidad como un anexo social. Esa mirada ya no alcanza.
“La ruta no hay que inventarla”
BN. Usted insiste en que ya existe una ruta constitucional e interamericana. ¿Cuál es?
LMH. La ruta no hay que inventarla. La han venido marcando la Corte Constitucional, la Corte Interamericana y el sistema universal de derechos humanos. El mensaje es claro: discapacidad, cuidados y apoyos no pueden seguir funcionando como políticas aisladas. Tienen que organizarse en una arquitectura híbrida, intersectorial, territorial y financiada. Eso significa garantizar autonomía, vida independiente, accesibilidad, asistencia personal, apoyos para la toma de decisiones, salud, educación, justicia y participación.
La Corte Interamericana, al pronunciarse sobre el derecho al cuidado, recordó que los Estados deben organizar sus instituciones para garantizar el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, desde la corresponsabilidad, la igualdad y la autonomía. Esa idea obliga a dejar atrás la neocaridad y el subsidio como centro de la política. El centro debe ser la institucionalidad basada en derechos.
“El cuidado no puede ser una palabra que sirva para todo”
BN. ¿Dónde está una de las mayores confusiones técnicas?
LMH. En usar “cuidado” como si fuera una palabra que sirve para todo. No sirve para todo. Cuidado no es lo mismo que asistencia personal. Asistencia personal no es enfermería. Cuidado familiar no equivale a apoyos para la toma de decisiones. Cada figura tiene naturaleza, finalidad y consecuencias jurídicas distintas. El Sistema Nacional del Cuidado que creó el gobierno saliente deja aprendizajes importantes, sobre todo por haber puesto sobre la mesa la sobrecarga histórica de las mujeres cuidadoras y la necesidad de respuestas territoriales desde los cuidados comunitarios. Pero quedó desconectado, en su ejecución, de dimensiones esenciales para las personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo: cuidados sanitarios y domiciliarios, asistencia personal, rehabilitación, tecnologías de apoyo, IPS, EPS, servicios de larga duración y rutas de salud articuladas con la vida independiente. Cuando el Estado no distingue, termina haciendo daño. Traslada cargas a las familias, precariza a las cuidadoras y niega autonomía a las personas con discapacidad. Los juzgados están colapsando de tutelas que demandan cuidadores. ¿Quién asume eso? Lo debería asumir el Sistema Nacional de Discapacidad en coordinación con salud y cuidado.
“Cepeda intuye el problema, pero debe explicar los cómo”
BN. ¿Qué observa en la propuesta de Iván Cepeda?
LMH. Iván tiene una propuesta relevante cuando habla de transversalizar el Sistema Nacional de Discapacidad y el Sistema Nacional del Cuidado. Esa articulación no es un asunto menor. De hecho, fue una de las ideas que le planteé, oralmente y por escrito, a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad cuando visitó Colombia el año pasado y nos convocó, a mí y a otros expertos, a la mesa sobre capacidad legal. Esa necesidad de articular discapacidad, cuidados y apoyos quedó recogida en el informe de la Relatora para el país. Por eso reconozco que hay allí una aproximación correcta. Pero la política inclusiva no se gobierna solo con intuiciones correctas. Se gobierna con diseño institucional, competencias, presupuesto, rectoría y capacidad de ejecución. Y ahí es donde la propuesta de Iván se queda corta. Hablar de transversalidad no basta si no se explica quién coordina, desde qué entidad, con qué recursos, con qué competencias y cómo se llevará esa articulación a los territorios. Él enumera acciones en educación, justicia, acceso a apoyos, salud e inclusión, pero no explica los “cómo”. La transversalidad sin rectoría puede terminar siendo dispersión. Y la inclusión sin presupuesto puede quedar reducida a literatura administrativa. Fue, en buena parte, lo que le pasó a la gestión de la discapacidad en el gobierno de Petro.
“La renta puede aliviar, pero no sustituye derechos”
BN. ¿Qué riesgo ve en presentar la renta como eje de la política de discapacidad?
LMH. Una transferencia económica es necesaria. Sería absurdo desconocer que puede aliviar pobreza. Pero aliviar no es sustituir. La renta no reemplaza apoyos humanos, técnicos y tecnológicos. No reemplaza accesibilidad, empleo, educación inclusiva, vida independiente, asistencia personal, salud, justicia ni capacidad jurídica. Si la discapacidad se reduce a subsidio, instalamos el neoasistencialismo, aunque venga escrito con lenguaje moderno.
“De la Espriella pone un punto importante, pero la consejería no basta”
BN. ¿Y qué observa en la propuesta de Abelardo de la Espriella?
LMH. Pone el acento en la autonomía económica de las personas con discapacidad y de las personas cuidadoras. Ustedes me conocen: llevo 13 años defendiendo la ciudadanía económica de las personas con discapacidad y de las personas cuidadoras porque es el derecho de entrada. Ese punto es importante y dialoga con lo que ha venido ordenando la Corte Constitucional. Ahí da en la “diana” del asunto. Pero la propuesta de crear una “Consejería Presidencial para la Discapacidad, los Cuidados, los Apoyos, los Veteranos de Guerra” y otros grupos poblacionales requiere precisión. Una consejería puede ser útil, pero no reemplaza una entidad rectora permanente dentro del Ejecutivo Nacional. Además, cuando una consejería mezcla agendas, corre el riesgo de diluir responsabilidades. No todo cabe en el mismo saco. Los veteranos con discapacidad, por ejemplo, tienen rutas vinculadas al Ministerio de Defensa, a la sanidad militar y policial, a la rehabilitación integral y a la medicina de rehabilitación como derecho fundamental. Eso exige precisión, no acumulación administrativa.
“No necesitamos más nombres; necesitamos poder institucional”
BN. ¿Entonces el problema no es crear nuevas instancias?
LMH. El problema no es crear más nombres institucionales ni trasladar funciones sobre el papel. El problema es fortalecer lo que ya existe. Hay que tomar una decisión seria sobre el INCI, Instituto Nacional para Ciegos, y el INSOR, Instituto Nacional para Sordos. Hay que robustecer el Sistema Nacional de Discapacidad, garantizar presupuesto propio y articularlo de verdad con el Sistema Nacional del Cuidado. Si eso no ocurre, cualquier consejería, aunque reciba funciones jurídicas o misionales, puede convertirse en otra oficina sin capacidad efectiva de transformación. Colombia ya ha visto instituciones creadas con buenos propósitos, pero sin músculo, sin recursos y sin poder real para ordenar la política pública.
“Fusionar INCI e INSOR no es el debate”
BN. ¿Cuándo usted habla de tomar una decisión seria sobre el INCI y el INSOR se refiere a fusionarlos?
LMH. No. Ese no es el debate. Además, una eventual fusión de INCI e INSOR tendría que someterse a consulta real con las poblaciones concernidas. Estamos hablando de personas con discapacidad, sujetos de especial protección constitucional, con derecho a participar en las decisiones que las afectan directamente. Yo, en 2015, me opuse a la fusión de INCI e INSOR. Elaboré un documento técnico-jurídico tan fuerte que en su momento le llamaron “la Sentencia”. Ese documento todavía reposa en la Presidencia de la República. Mi posición no ha cambiado en lo esencial: no se puede resolver la institucionalidad de la discapacidad con atajos administrativos ni con decisiones tomadas de espaldas a las personas con discapacidad.
El debate hoy es otro, y es mucho más grave. Con la caída de Igualdad, la política de discapacidad queda en el aire. Queda sin rectoría clara. Entonces la pregunta es inevitable: ¿a dónde van el INCI y el INSOR? ¿A Educación? ¿A Interior? ¿A Prosperidad Social? ¿A otra entidad? Cada nueva adscripción supone una reestructuración interna, una adaptación al sector que recibe, nuevas lógicas administrativas, nuevos procedimientos, nuevas prioridades. Quien ha liderado o gerenciado el Estado nacional sabe lo dispendioso que puede ser ese tránsito. Además, hay que decirlo con franqueza: INCI e INSOR cumplen un papel histórico y técnico muy importante, pero no cubren el país. Tienen problemas de techo presupuestal, limitaciones humanas y financieras, y dificultades para ejecutar proyectos en todos los departamentos y municipios y en todos los derechos. Tampoco representan ni cubren todas las poblaciones con discapacidad. Durante años, varias poblaciones han reclamado que no cuentan con una institucionalidad equivalente.
Se suponía que la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en Igualdad, debía asumir esa tarea más amplia de rectoría, coordinación y garantía intersectorial. Pero al caer el Ministerio, volvemos a una especie de “cero institucional”. Entonces, la pregunta seria no es si se fusiona INCI con INSOR. La pregunta seria es quién asume la rectoría del Sistema Nacional de Discapacidad y qué pasa con las demás discapacidades que no tienen instituto propio.
Por eso, el debate sobre el futuro del INCI, del INSOR y de una eventual “Agencia Nacional para la Discapacidad”, con asiento real en el Consejo de Ministros, puede ser mucho más coherente que una consejería presidencial. Una consejería puede desaparecer con el cambio de gobierno. En cambio, una entidad rectora permanente tendría mayor estabilidad, mayor alcance y mayor capacidad para ordenar el diseño institucional de la discapacidad que hoy no existe y que el vacío dejado por Igualdad vuelve urgente. No habría problema jurídico con adscribir INCI e INSOR a esa agencia, si eso es lo que se decidiera mañana. Pero esa decisión no puede ser improvisada ni hacerse sin participación.
“El CONPES es lo que hay”
BN. Usted ha sido crítico con el nuevo CONPES. ¿Qué balance hace del CONPES 4198 de 2026?
LMH. Reconoce problemas relevantes, pero deja sin resolver el punto crítico: cómo integrar discapacidad, cuidados y apoyos en una sola arquitectura de gobernanza inclusiva, territorial y multidimensional. No definió la articulación entre el Sistema Nacional de Discapacidad y el Sistema Nacional del Cuidado, ni resolvió la rectoría institucional que el país necesita después de la caída de Igualdad. Hay avances, sí; pero también omisiones de fondo. Ahora bien, es lo que hay. Insisto. Ese es el instrumento vigente y con ese marco habrá que tirar para adelante. Pero tirar para adelante no significa administrarlo sin crítica. Significa corregir sus vacíos, darle músculo institucional, presupuesto y territorialidad.
“Decir inclusión ya no basta”
BN. ¿Qué deberían decir con claridad los candidatos?
LMH. Deben decir quién asumirá la rectoría del Sistema Nacional de Discapacidad. Qué pasará con el Consejo Nacional de Discapacidad. Qué entidad liderará la nueva política pública conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cómo se coordinará la certificación de discapacidad. Si habrá desconcentración de competencias hacia los territorios, sobre esta y otras materias. Y deben pronunciarse sobre apoyos para la toma de decisiones, valoración de apoyos, cuidado como derecho, asistencia personal, ajustes razonables y revisión de actos administrativos que puedan representar retrocesos en educación inclusiva, como la Circular 024 de 2026. Decir “vamos a garantizar inclusión” ya no basta. Hay que definir rutas jurídicas, administrativas y presupuestales.
“Discapaxilio”
BN. Usted usa el concepto de discapaxilio. ¿Qué significa?
LMH. Es la expulsión invisible de las personas con discapacidad de la educación, del trabajo, de la justicia, de la salud, del transporte, de la vida comunitaria y, muchas veces, de sus propios territorios, por ausencia de apoyos, accesibilidad e institucionalidad. Ocurre cuando una persona es reconocida como sujeto de derechos, pero no tiene cómo ejercerlos. Cuando no hay intérprete o guía-intérprete. Cuando no hay transporte accesible. Cuando no hay asistencia personal. Cuando no hay apoyos para decidir. Cuando una familia queda sola. Cuando una cuidadora se empobrece. Cuando la institucionalidad no llega. No es una metáfora. Es una forma de exclusión. El Estado reconoce en el papel, pero la vida expulsa.
“Hay esperanza en medio de la caída de Igualdad”
BN. ¿Puede señalar algún modelo que haya sobrevivido a la caída de Igualdad en materia de discapacidad y cuidados?
LMH. Sí. En materia de discapacidad y cuidados, hay un modelo que resiste y que debería ser mirado con mucha seriedad por el país: InclúyeteMás, en Barranquilla. Ese modelo tiene nombre, historia y liderazgo. Nació en el corazón del alcalde Char y ha sido llevado con entereza institucional por la gerente de Ciudad, Ana María Aljure. Como técnico, y también como barranquillero, me siento orgulloso de lo que ocurrió en Barranquilla. Es un ejemplo para Colombia. Pero conviene hacer una precisión. Ese modelo resiste a la caída de Igualdad justamente porque no dependió del Gobierno nacional. No soy la persona llamada a hablar oficialmente en nombre de esa experiencia ni de la administración distrital, pero sí puedo decir, desde una lectura técnica, que se trata de una apuesta distrital, construida desde el territorio y con una visión de doble vía: las personas con discapacidad y las personas cuidadoras. Quien gobierne Colombia tiene la obligación técnica y moral de abrazar esa experiencia, estudiarla y aprender de ella. No lo digo solo yo. Lo señalan colegas y expertos con trayectorias impecables, a quienes respeto y admiro. Y también lo ha reconocido UNICEF. Y, bueno, UNICEF no es una opinión menor; UNICEF es Naciones Unidas.
“El reto no es prometer; es construir Estado”
BN. ¿Cuál es su llamado final a los candidatos?
LMH. Que asuman, con independencia de quién gobierne, que la discapacidad no puede seguir siendo tratada como un capítulo social. Debe ser asumida como un sector de gobierno. Que quien gobierne tendrá que reconstruir la rectoría institucional que quedó a la deriva tras la caída de Igualdad. Pero deberá hacerlo de la mano de las personas con discapacidad, bajo el principio de “nada sobre ellos, sin ellos”. Si no se define quién gobierna esta política, con qué presupuesto, con qué competencias, con qué articulación territorial y con qué participación efectiva, todo lo demás será retórica inclusiva. Colombia no superará esta exclusión si cada gobierno vuelve a empezar de cero o si se limita a reciclar viejos paradigmas administrativos. El reto no es prometer más. El reto es construir Estado donde hoy apenas hay enunciados.
“Las personas con discapacidad no están para validar decisiones ya tomadas”
BN. ¿Qué llamado les haría a las personas con discapacidad, a sus familias y a las personas cuidadoras en este momento electoral?
LMH. A participar, preguntar, organizarse, revisar propuestas y exigir que las campañas digan con precisión qué van a hacer con la política nacional de discapacidad, con qué presupuesto, con qué institucionalidad, con qué enfoque territorial y con qué participación real. También quiero ser muy cuidadoso en esto: ninguna persona externa debe sustituir la voz de las personas con discapacidad. El principio “nada sobre nosotros sin nosotros” debe tomarse en serio. Por eso, más que hablar por ellas, lo que corresponde es escuchar, acompañar técnicamente cuando sea necesario y ayudar a que sus ideas tengan traducción institucional. Este no es un tema de caridad ni de favores. Es un asunto de derechos, de ciudadanía y de democracia. Las personas con discapacidad no deben ser convocadas solo para validar decisiones ya tomadas. Deben estar en el centro del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas que las afectan.
Sobre el entrevistado
Luis Miguel Hoyos Rojas (1989), barranquillero, abogado constitucionalista, académico y consultor en políticas públicas de discapacidad, cuidados, apoyos e inclusión social, es considerado una de las voces jurídicas autorizadas del país en materia de legislación sobre discapacidad, sistemas legales inclusivos y constitucionalismo inclusivo. Ha realizado estancias académicas de investigación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo), el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC en Madrid (España), la Universidad Carlos III de Madrid (España) y la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Fue Asesor de Despacho, Secretario General y Subdirector General del Instituto Nacional para Sordos, INSOR, entre 2013 y 2015. Durante ese periodo fue representante delegado de la entidad ante el Sistema Nacional de Discapacidad, el Consejo Nacional de Discapacidad, el Grupo de Enlace Sectorial y la extinta Autoridad Nacional de Televisión. También dirigió el proyecto “Televisión accesible para sordos”, desarrollado entre la ANTV, MinTIC e INSOR durante los años 2013 y 2014. Entre su experiencia profesional se destaca su labor como asesor legal de la Alianza por el Mecanismo de Seguimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia, así como su paso como legal intern en Brigard Urrutia Abogados, en Bogotá. Actualmente es catedrático de capacidad legal, discapacidad y cuidados en la Especialización en Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Además, acompaña en calidad de asesor externo a la Gerencia de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla en la Estrategia InclúyeteMás para las Personas con Discapacidad y las Personas Cuidadoras. Desde 2025 se desempeña como investigador principal del estudio “Rutas de acceso a los servicios de justicia para las personas con discapacidad”, del Consejo Superior de la Judicatura de la Rama Judicial del Poder Público. Ha participado como consultor en proyectos nacionales e internacionales sobre acceso a la justicia, capacidad legal, sistemas de apoyos, políticas inclusivas y derechos de las personas con discapacidad, con organizaciones como PNUD, USAID, ONU Mujeres y Humanity & Inclusion, entre otras. Es autor de libros, capítulos de libros y artículos científicos publicados en América Latina, Estados Unidos y España. Su trayectoria académica, institucional y técnica lo ubica como un referente colombiano en el análisis jurídico de la discapacidad, los apoyos, los cuidados y la inclusión social.
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