El filósofo y abogado constitucionalista de 34 años sobresale como una figura destacada en el análisis de la disociación entre la esfera técnica y política en su correlación con la problemática del acceso al Estado por parte de las personas con discapacidad en Colombia. Su función docente en el ámbito del “Régimen de los Derechos de Personas con Discapacidad y la Ley 1996/2019” como catedrático en el programa de Especialización en Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, bajo la dirección de la también reconocida abogada y aspirante a Magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Yadira Alarcón, le brinda una sólida base académica a este joven académico y líder político. Además, su renombrada producción académica, que abarca diversas áreas y comprende publicaciones en instituciones de prestigio como Harvard, Los Andes, y a su temprana edad en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la revista de derecho más antigua del país; así como su amplia trayectoria profesional tanto en Colombia como en el extranjero, donde ha enfocado su labor en el ámbito de la discapacidad, lo consolidan como una autoridad altamente respaldada en esta disciplina.
Nuestro entrevistado, erudito en filosofía y derecho con una sólida formación en derecho constitucional, y especialización en estudios políticos, gobierno y administración pública, filosofía moral y política, así como teoría legal, ha cultivado su conocimiento en distinguidas instituciones académicas a nivel nacional e internacional. Ha sido director técnico de consultorías para la implementación de la Ley 2126/2021 en organizaciones como el PNUD – programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-Ministerio de Justicia y del Derecho; Partners Colombia-Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y tambien ha trabajado para instituciones como Handicap Internacional, la Federación Nacional de Sordos de Colombia – FENASCOL, además de ser par evaluador de la vicerrectoría académica de la Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá, entre otras organizaciones. Ha pasado por la Universidad del Norte (Colombia), la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en España, el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Harvard. Asimismo, ha realizado valiosas estancias en el Instituto de Políticas Públicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Gobierno de España en Madrid, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, la Universidad Carlos III de Madrid y el Petrie-Flom Center for Health Law Policy, Biotechnology, and Bioethics de Harvard Law School.
Es ampliamente reconocido por expertos y, de manera especialmente significativa, por la comunidad de personas con discapacidad, en particular los colectivos de personas sordas en Colombia, como una autoridad en el campo de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad contemporánea. La revista Latin America Post lo ha descrito como “una de las voces más autorizadas en América Latina”. En esta entrevista, adopta un enfoque directo y riguroso, respaldado por su experiencia y conocimiento, en lugar de dirigir críticas hacia candidatos políticos. Su enfoque se centra en la lucha contra la persistente “desigualdad que goza de buena salud”, como él mismo afirmó. Para él, la Ley 1618/2013 es el faro que guía toda acción política y técnica en beneficio de las personas con discapacidad, y considera que sin su cumplimiento, cualquier esfuerzo en esta dirección se reduce a un acto de caridad.
Luis Miguel Hoyos, es recordado por su destacado desempeño en la alta dirección del Instituto Nacional para Sordos – INSOR durante la administración del ex presidente Juan Manuel Santos y la exministra de educación Gina Parody. Además, se le reconoce por haber ocupado el cargo de representante ante el Sistema Nacional de Discapacidad y haber ejercido como director técnico del proyecto nacional ‘Televisión Accesible’ en colaboración con la Autoridad Nacional de Televisión-MINTIC-INSOR. En el año 2022, en medio de la crisis relacionada con la educación y la promoción del acceso universal a los derechos fundamentales de las personas sordas, en su calidad de Ex subdirector Nacional del INSOR, envió una comunicación al Presidente Gustavo Petro y al ex ministro Alejandro Gaviria. En esta comunicación, que se viralizó mediáticamente, reiteró la imperiosa necesidad de designar de manera urgente a un director o directora sordo en el Instituto. Esta iniciativa contribuyó a que se nombrara al primer director sordo en la historia de esta institución.
Luis Miguel Hoyos, es reconocido también por ser el autor del influyente tratado de teoría política titulado “Comunidad Sorda en Disputa”, publicado por la editorial Ibáñez y prologado por Angelino Garzón, quien fuera exvicepresidente de la República, su libro ha adquirido relevancia al haber sido leído en 20 países de América Latina y presentado en 2022 en la Universidad del Norte. Hoyos, regresó a su ciudad natal, Barranquilla, después de una estancia en los Estados Unidos, donde realizó un período en la Universidad de Harvard en el marco de su doctorado.
Por consiguiente, este periódico ha entablado contacto con él con el propósito de llevar a cabo una entrevista en la cual, basándose en su vasta experiencia, pueda analizar la situación de las personas con discapacidad en el departamento del Atlántico y Barranquilla.
En su perspicaz análisis, Hoyos afirma que, el distrito de Barranquilla y el departamento de Atlántico han avanzado considerablemente en el ámbito de la inclusión de personas con discapacidad. Reconoce los esfuerzos realizados, en particular por parte de la Alcaldía, a través de iniciativas como la “Ruta de Atención Diferencial del Centro de Oportunidades” y “Más Capacidad”, entre otras. Sin embargo, sostiene que a pesar de la necesidad y relevancia de estas acciones, no conforman políticas centrales integrales tanto a nivel distrital como departamental. En otras palabras, son acciones aisladas que no se han consolidado en proyectos de superación de la pobreza multidimensional capaces de establecer la igualdad exigida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Hoyos, utiliza la metáfora del “pez entregado en mano sin el respaldo de una caña fortalecida con la técnica necesaria para convertir a la persona en un pescador especializado”. En su opinión, el distrito y el departamento se enfrentan a lo que denomina un “wicked problema” o problema maldito, un término técnico que describe asuntos en política pública caracterizados por su complejidad y la existencia de múltiples variables y enfoques para encontrar soluciones. Esta complejidad a menudo paraliza a los funcionarios públicos.
Argumenta que el problema central del departamento y el distrito radica en que, si bien se están realizando numerosas acciones y se busca hacerlas de manera adecuada, la falta de un enfoque riguroso en la materia y la ausencia de la participación de las personas con discapacidad como actores en la política pública impiden que estas personas superen los umbrales de la pobreza. Además, señala que aún no cumplimos con los estándares de goce efectivo de derechos establecidos por organizaciones del sistema universal e interamericano de derechos humanos. Esta es una deuda irresoluta que debemos abordar con urgencia.
“Existe una notable asincronía técnica entre el departamento y el distrito sobre la materia, y viceversa, que tiene un impacto en el desarrollo económico de las personas con discapacidad en el Atlántico”, advierte Hoyos. Esto se traduce en un desequilibrio que afecta particularmente a los barranquilleros y atlanticenses con discapacidad, siendo las personas sordas un ejemplo paradigmático de esta situación. Esto se traduce en una falta de accesibilidad en la gobernación y en el departamento en su conjunto, lo que se vuelve en una barrera adicional para todas las personas con discapacidad.
Esta asincronía, que se manifiesta como la falta de una colaboración continua entre los gobiernos de la ciudad y el departamento, con enfoques modernos en lugar de los tradicionales, genera un déficit que resulta de momento insalvable para las personas con discapacidad. Como consecuencia, estas personas continúan siendo improductivas en términos sociales y se mantienen rezagadas tanto en términos de pobreza monetaria como en términos multidimensionales.
El filósofo y abogado, en su tono optimista, prefiere evitar caer en el desánimo y enfatiza que “nada bueno ha surgido del pesimismo”. Él sostiene que el mundo ha experimentado cambios significativos gracias a la voluntad positiva de creer en que cualquier transformación es posible. Por lo tanto, es importante no entrar en pánico ni pensar que todo está perdido.
Mantiene una convicción sólida de que se avecina un cambio en la dirección correcta y que los candidatos actuales se comprometerán a implementar políticas sólidas y progresivas que estén en consonancia con los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Anhela que estas políticas cumplan con los estándares de suficiencia y pertinencia definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual Colombia se unió como miembro en 2020. Es relevante destacar que, como él subraya, en esta organización también participan países miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos. Por lo tanto, reconoce que las sociedades más desarrolladas tienen un conocimiento claro de las fortalezas y desafíos de Colombia, lo que establece una vara alta pero alcanzable para el país en su búsqueda de la inclusión de las personas con discapacidad.
PREGUNTA: ¿Le tranquiliza ver cómo están actualmente configuradas las campañas electorales en el departamento y el distrito, siendo que usted desde 2013 fue uno de los proponentes de las acciones de inclusión que resultaron en lo que hoy es la Resolución 1711/2019 del Consejo Nacional Electoral?
RESPUESTA: Lamentablemente, no me tranquiliza la configuración actual de las campañas electorales en el departamento y el distrito. A pesar de que desde 2013 participé como uno de los proponentes de acciones de inclusión que culminaron en la Resolución 1711/2019 del Consejo Nacional Electoral, no hemos visto avances significativos en la accesibilidad de las campañas. Las campañas electorales siguen siendo inaccesibles tanto desde el punto de vista mediático como técnico. Observo que el lenguaje político utilizado es tradicional y plano. Si bien es comprensible que cada candidato tenga su propio estilo, el enfoque general sigue siendo el mismo. Los candidatos con experiencia previa, como exalcaldes o exgobernadores, se presentan como agentes de estabilidad ante las desigualdades locales existentes. Por otro lado, los candidatos nuevos, a pesar de contar con experiencia relevante, aspiran a generar un impacto en la comunidad local. Estas tendencias predominan en las campañas.
Sin embargo, lo que más me preocupa es la falta de un esfuerzo significativo para adaptar estas campañas a la accesibilidad. No se están haciendo propuestas ni se está abordando de manera efectiva a los colectivos de personas con discapacidad. Por ejemplo, ninguna campaña se ha comprometido a ser completamente accesible en lengua de señas colombiana para las personas sordas del departamento y la ciudad, a pesar de que tanto la Resolución 1711/2019 como las leyes 982/2005 y 1618/2013 así lo exigen. Lamentablemente, este problema es generalizado en todo el país.
PREGUNTA: El candidato Alfredo Valera recientemente ha subido un video en el que se reunió con algunas personas sordas del Atlántico y utilizó la lengua de señas colombiana. ¿Considera que esta iniciativa reconoce en cierta medida lo que usted ha estado expresando desde hace tiempo?
RESPUESTA: Puede ser considerada como un buen inicio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las personas sordas en Colombia han estado demandando este derecho a la inclusión en campañas y a ser consideradas en los planes y programas de los candidatos durante más de 30 años. Aunque lo que ha hecho el candidato Valera es un paso en la dirección correcta, es fundamental comprender que acciones como la presentación de videos y fotos son, en esencia, gestos simbólicos de inclusión. La verdadera inclusión va más allá de estos gestos.
Lo que realmente importa es la presencia de propuestas claras y específicas que aborden los desafíos y necesidades de las personas sordas en el departamento. Estas propuestas deben ser diseñadas con el rigor técnico que este tema demanda y deben ser parte integral de la plataforma política de los candidatos. De lo contrario, existe el riesgo de que estas acciones se perciban como tokenismo, es decir, gestos superficiales sin un compromiso real con el cambio.
Las comunidades de personas con discapacidad, como los sordos, son expertas en identificar la autenticidad de las iniciativas de inclusión. Por lo tanto, es esencial que cualquier esfuerzo en esta dirección sea pertinente y significativo. A pesar de esto, es importante seguir impulsando este tema, y lo que ha hecho el candidato Valera puede considerarse un buen comienzo en comparación con la falta de acciones concretas en la ciudad y el departamento.
PREGUNTA: En su libro, recoge usted una cita que dice: «Ahí donde no hay democracia, no hay igualdad para las personas con discapacidad. Allí donde no hay igualdad para las personas con discapacidad no hay democracia». Y allí donde, como en el Atlántico y Barranquilla, donde la participación de las personas con discapacidad está inconclusa, ¿qué es lo que hay?
RESPUESTA: No hay eso que dice…
PREGUNTA: En el último Foro Económico Mundial en Davos, la desigualdad en el mundo fue un tema común y la discapacidad se hizo presente. ¿Cómo podemos abordar las enormes brechas en cuanto a riqueza y oportunidades entre las personas con discapacidad de Barranquilla y el Atlántico?
RESPUESTA: Esta interrogante no admite respuestas sencillas ni fórmulas mágicas. Abordar la desigualdad que prevalece entre las personas con discapacidad en Barranquilla y el Atlántico requiere un enfoque complejo y multifacético. Un aspecto fundamental en esta búsqueda de soluciones radica en la mejora de la igualdad de oportunidades. El Banco Mundial, en su constante compromiso con esta problemática, ha orientado sus esfuerzos hacia inversiones en capital humano mediante proyectos destinados a la mejora de la educación, la promoción del empleo y el desarrollo de habilidades. Estas inversiones son cruciales, ya que representan el medio a través del cual las personas con discapacidad pueden desplegar su potencial y contribuir al bienestar general de la sociedad.
Mi experiencia en Luxemburgo, donde realicé una estancia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como parte de mi doctorado, me permitió conocer de cerca la vida de un joven refugiado originario del Magreb. Este joven, quien llegó a Europa a los 15 años y presentaba una discapacidad física que le impedía utilizar sus piernas, me relató su lucha por acceder a la educación. Antes de adquirir una silla de ruedas, se veía obligado a desplazarse arrastrándose hacia la escuela, dado su firme deseo de aprender. Sin embargo, su determinación lo llevó a conseguir trabajo, y los fondos que obtuvo para adquirir su silla de ruedas representaron la oportunidad que necesitaba para continuar su educación y finalmente convertirse en un profesional. Esta inversión relativamente modesta tuvo un impacto trascendental en la vida de este joven, quien, al momento de mi partida de Luxemburgo, había emigrado a Portugal para emprender su propio negocio.
El concepto de igualdad de oportunidades no se limita a la implementación de programas asistenciales amplios. En nuestra ciudad y en nuestro departamento, es imperativo tomar medidas que fomenten políticas de inclusión y servicios que garanticen la accesibilidad para las personas con discapacidad. Sin embargo, estas acciones deben tener como objetivo principal la promoción de la autonomía y la independencia. El caso del joven que mencioné previamente ilustra cómo una intervención gubernamental aparentemente modesta, pero profundamente transformadora, puede generar ciudadanos productivos. En el contexto de Barranquilla y el Atlántico, si bien comprendemos que nuestra realidad difiere de la de sociedades como Suecia o Luxemburgo, debemos reconocer que las personas con discapacidad enfrentan las mayores vulnerabilidades. A menudo, estas personas se ven obstaculizadas por barreras significativas para acceder a servicios esenciales como educación, salud y transporte.
Sin embargo, para avanzar hacia un departamento moderno y productivo, es crucial que las personas con discapacidad tengan acceso a oportunidades económicas y mejoren sus medios de subsistencia. Este enfoque no constituye un acto de caridad, sino un derecho fundamental destinado a superar la exclusión.
PREGUNTA: Entonces, ¿cuál es su propuesta?
RESPUESTA: La reducción de la discriminación representa sólo un paso inicial en este proceso. El hecho de que en el Atlántico haya 45,000 personas caracterizadas con discapacidad, y en Barranquilla se registren 22,472 casos, evidencia la necesidad de un enfoque más profundo y significativo. Debemos aspirar a que la inclusión de las personas con discapacidad se convierta en la norma, en lugar de una excepción. En este contexto, los candidatos deben comprender que hay 45.o00 razones por las que la discapacidad es un tema de desarrollo clave en Barranquilla y el Atlántico. En mi perspectiva, Barranquilla y el Atlántico deben adoptar un enfoque basado en los derechos que potencie la participación económica y productiva de las personas con discapacidad. De lo contrario, seguiremos siendo reconocidos por emplear solamente a 165 personas con discapacidad de las 22,472 que residen en la ciudad. Las cifras hablan por sí mismas, lamento decirlo.
El Banco Mundial ha anunciado 10 compromisos con plazos definidos en tres áreas clave para aumentar la inclusión de las personas con discapacidad, lo cual podría tener un impacto significativo en la ciudad y el departamento. Barranquilla, con su estatus de distrito y su capacidad de cooperación internacional, puede comprometerse a desarrollar proyectos inclusivos que aborden las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Para el año 2025, el Banco Mundial ha establecido la meta de que todos sus proyectos y programas educativos sean inclusivos, así como que el 75% de sus proyectos de empleo y protección social a nivel mundial también lo sean.
Desde el año 2020, todos los nuevos proyectos de movilidad urbana y ferrocarriles del Banco Mundial incluyen consideraciones de accesibilidad para las personas con discapacidad. Un ejemplo destacable es España, que recibe la mayor financiación de la Unión Europea en el sur de Europa en este aspecto. Además, desde el año 2020, se requiere que todas las instalaciones públicas en contextos de reconstrucción posterior a desastres sean inclusivas. En el año 2021, tuve la oportunidad de co-liderar por invitación de FENASCOL, junto a otros expertos en discapacidad y con la colaboración de la Presidencia de la República, organizaciones como HANDICAP INTERNATIONAL, ASDOWN, CONALIVI y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, un proyecto relacionado con la accesibilidad en situaciones de desastre. Esto demuestra que el paradigma del Banco Mundial ya se encuentra presente en Colombia.
Sin embargo, es necesario replantear la gestión de la discapacidad en la ciudad y todo el departamento. Propongo una “alineación a la cooperación marco sobre Inclusión de la Discapacidad”, que facilite la implementación de proyectos y análisis de trabajo, así como la identificación de operaciones de apoyo que respalden iniciativas con el potencial de abordar los problemas reales de las personas. Esto proporcionaría el sustento económico necesario y oportunidades de inversión para efectuar cambios significativos en Barranquilla y el Atlántico.
Por ejemplo, en el caso de las personas sordas, se requiere una mejora en la oferta educativa, específicamente en la implementación de la educación bilingüe bicultural, que es obligatoria según la Ley 982/2005, la Sentencia C-605/2012 y el Decreto 1421/2017. Esta iniciativa, dirigida a personas sordas y diferentes de la política general de discapacidad, demanda recursos económicos para fortalecer colegios como el Salvador Suárez en Barranquilla, el Pablo Neruda y el Simón Bolívar en Puerto Colombia, que albergan a personas sordas. Esto incluye la creación de aulas inclusivas, la contratación temprana de intérpretes de Lengua de Señas Colombiana (LSC), el establecimiento de modelos lingüísticos adecuados y la contratación de personal pertinente. Este enfoque se asemeja a las subvenciones otorgadas por la Unión Europea y el sistema del Banco Mundial y la OCDE para los colegios destinados a personas sordas en España. En resumen, se trata de situar a Barranquilla y el Atlántico en la ruta de las oportunidades globales de gestión en el ámbito de la discapacidad, un área en la que nuestra región aún no cuenta con la misma experiencia que ciudades como Bogotá y Medellín.
PREGUNTA: Pues siendo una minoría que tiene un gran poder, ¿por qué las personas con discapacidad no han logrado incorporar su agenda en la agenda política del departamento y la ciudad, como por ejemplo, promover el desarrollo de iniciativas como la que usted describe?
RESPUESTA: Para garantizar la igualdad de oportunidades, el primer paso es dar visibilidad a las personas con discapacidad. Luego, se requiere de la adecuación de políticas públicas y, posteriormente, la implementación de medidas específicas destinadas a abordar las necesidades de tales personas. Este proceso culmina con la creación de un entorno que facilite el apoyo individualizado y la coordinación técnica con instituciones sólidas, personal capacitado y recursos adecuados. Además, es esencial promover la contratación de personas con discapacidad en las entidades públicas y retener a dicho personal. Asimismo, se debe asegurar que los servicios públicos sean accesibles para todos los ciudadanos.
PREGUNTA: Sí, pero usted describe cómo “debería ser”.
RESPUESTA: Exactamente. Cuando hablamos de política y de la garantía de derechos, partimos del principio del deber ser. Los políticos y aquellos que asumen responsabilidades políticas juran respetar el deber ser, que se encuentra plasmado en las leyes y la Constitución. Por lo tanto, si contamos con funcionarios públicos cuya comprensión de la discapacidad deja que desear, si las comunidades de personas con discapacidad son marginadas por un enfoque superficial y no participan de manera efectiva en la formulación y supervisión de políticas con la seriedad que merece el asunto, y si quienes lideran la inclusión no lo hacen con el rigor necesario, entonces ¿qué podemos esperar en términos de avance en la agenda que concierne a las libertades de las personas con discapacidad? La realidad es que estamos enfrentando los desafíos que tenemos actualmente.
PREGUNTA: ¿Está sugiriendo que necesitamos establecer y promover una gestión más sólida en lo que respecta a las personas con discapacidad en el departamento y la ciudad?
RESPUESTA: Claro, si no lo mencionara, ¿dónde estaría el sentido de la cuestión?
PREGUNTA: Entonces, ¿está sugiriendo que nuestras administraciones han fallado?
RESPUESTA: Preferiría pensar que no han fallado por completo, ya que ha habido avances notables. Sin embargo, es importante reconocer que existen deficiencias significativas en la atención a las personas con discapacidad. Mi compromiso radica en revisar y evaluar la situación de las personas con discapacidad, colaborando como amigo y aliado de diversas comunidades en el departamento, la ciudad y la región, especialmente con las comunidades sordas. Un denominador común en todas estas experiencias es la sensación de invisibilidad que prevalece. Cuando esta percepción se repite entre personas ciegas, sordas, personas con síndrome de Down y otras, no se trata simplemente de una queja, sino de una legítima reivindicación de una agenda de igualdad que aún no ha sido plenamente realizada, tanto en la ciudad como en el departamento.
No se debe considerar esta reivindicación como una mera queja. Es importante recordar que las quejas sobre el incumplimiento de derechos rara vez surgen de forma espontánea. Estas quejas nacen de una creciente indignación frente a la percepción de injusticia, que sólo se hace evidente con el paso del tiempo. Cuando nos encontramos frente a las legítimas quejas de estas comunidades, debemos prestarles una atención significativa, ya que señalan problemas graves. Por ejemplo, observamos que la mayoría de las personas sordas no están incluidas en el sistema de seguridad social; en las calles de Barranquilla, vemos que muchos vehículos son cuidados por personas sordas mayores que no reciben una pensión, a pesar de haber trabajado en ese sector durante décadas sin reconocimiento digno; también enfrentamos la problemática de mujeres con discapacidad involucradas en prostitución y víctimas de violencia sexual; así como el aumento de la delincuencia local que afecta a personas con discapacidad al utilizarlas para evadir el sistema de justicia; la alta incidencia de personas ciegas en condiciones de extrema pobreza; la inmigración de personas sordas venezolanas en las escuelas; y tasas de suicidio preocupantemente elevadas entre personas con discapacidad, entre otros desafíos. En resumen, cuando analizamos esta realidad, es evidente que no se trata de engaño, sino de la expresión de una realidad que demanda nuestra atención y acción.
PREGUNTA: Es realmente desafiante y duro el panorama que describe.
RESPUESTA: Sí, y me quedo corto, pero es importante destacar algo más. En nuestra ciudad y departamento, las personas con discapacidad no simplemente viven, sino que luchan por sobrevivir. Imagínese lo complicado que es para un ciudadano o ciudadana sin discapacidad encontrar empleo en Barranquilla o el Atlántico. Ahora, añada a eso una discapacidad, en la que, a menudo, gran parte de la sociedad no sólo percibe una limitación en el ámbito laboral, sino también en la vida autónoma. Este sesgo y discriminación basados en la discapacidad, conocido como capacitismo, es una realidad que debemos enfrentar. Claro que la situación es desafiante, pero es nuestro deber trabajar de manera progresiva para erradicarla por completo.
PREGUNTA: Retomando la contienda electoral en el departamento y la ciudad, ¿cuál de las campañas estima que posee la propuesta más sobresaliente en beneficio de las personas con discapacidad?
RESPUESTA: Si bien es una norma de la argumentación no replicar una interrogante con otra, pero, ¿existen acercamientos específicos por parte de los candidatos en relación al tema? Debo confesar que no observo la primera campaña técnicamente sobresaliente en este ámbito. Lo siento.
PREGUNTA: Si no se han implementado medidas de accesibilidad, podría sugerirse que quizás no se ha abordado con la debida seriedad la discapacidad como un sector social específico y una comunidad electoral a la que se debe dirigir con la misma consideración que a otros grupos.
RESPUESTA: Su observación es acertada.
PREGUNTA: En la actualidad, ¿cuál es su perspectiva respecto a las acciones emprendidas en Barranquilla y el Atlántico en relación con la discapacidad?
RESPUESTA: La democracia se fundamenta en principios y valores, lo que implica que no se debe sobrepasar los límites de lo razonable en la búsqueda y retención del poder. En ciertos momentos, es imperativo reconocer un límite y admitir que ciertas acciones no son viables o apropiadas, o afirmar que no se están llevando a cabo de manera adecuada. Considero que hay aspectos que están siendo abordados de manera efectiva, y es alentador ver líderes comprometidos con el progreso de la región y la ciudad. No obstante, es crucial destacar que todo esfuerzo requiere de rigurosidad, y la falta de esta puede estar en la raíz de algunas deficiencias en la ejecución de ciertas acciones.
PREGUNTA: ¿Podría especificar cuáles son esas deficiencias?
RESPUESTA: Existen numerosos aspectos a considerar, lo cual podría ser tema de una conversación más extensa. Sin embargo, quisiera enfocarme en uno en particular: la falta de coordinación técnica entre las políticas locales y regionales en materia de discapacidad y la alineación con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la adopción de paradigmas de planeación, como la metodología PDIA. La inclusión efectiva de personas con discapacidad en la administración pública y la mejora de la cooperación internacional en este ámbito también son cuestiones pendientes. La carencia de estos elementos hace que proyectos de gran envergadura en el ámbito de la discapacidad, como la construcción de escuelas para sordos, universidades especializadas en discapacidad al estilo de Gallaudet en los Estados Unidos, o la modernización de las instalaciones de asociaciones de personas con discapacidad, como las asociaciones de sordos, sean insostenibles. En consecuencia, el departamento y la ciudad siguen dependiendo en gran medida de los recursos limitados que provienen del gobierno nacional y de las gestiones realizadas a través del Sistema Nacional de Discapacidad y su red, lo que plantea un desafío significativo en esta materia.
PREGUNTA: ¿Quién lleva la principal responsabilidad en este asunto, los alcaldes y gobernadores en funciones?
RESPUESTA: Es importante reconocer que los alcaldes y gobernadores enfrentan una agenda abrumadoramente compleja y diversificada, comprendiendo que esta tarea puede ser tan exigente, o incluso más, que la que se asume en cargos de nivel nacional. Esta agenda abarca múltiples frentes. Sin embargo, es responsabilidad de estos líderes designar a personas de confianza y de libre nombramiento que puedan asumir la responsabilidad técnica de gestionar una parte del plan de desarrollo que el gobierno de la ciudad o el departamento ha aprobado con ese propósito. En gran medida, la ejecución y aplicación exitosa de las políticas en el ámbito de la discapacidad recaen en los gerentes generales. Si el desempeño de estos resulta deficiente, la responsabilidad recae en quienes les otorgan la oportunidad de gobernar. Si bien ningún gobierno a nivel local o regional puede aspirar a la perfección, si es perfectible.
PREGUNTA: En cualquier caso, ¿considera de manera optimista la próxima gestión de la alcaldía y la gobernación en lo que respecta a la discapacidad?
RESPUESTA: Todo indica que Alex asumirá la alcaldía. Personalmente, admiro su sólido liderazgo social, lo cual es innegable. Tengo la esperanza de que fortalezca la inclusión de las personas con discapacidad en el distrito, y confío en que pueda establecer conexiones significativas con la comunidad barranquillera con discapacidad, de manera que su enfoque se convierta en un proyecto humanista. En última instancia, la política es la aplicación del humanismo. La alcaldía también debe enfocarse en la integración de personas con discapacidad en su fuerza laboral, ya que considero que aún no se ha cumplido completamente con el decreto de inclusión en esta materia. Esta responsabilidad también recae en el Concejo de la ciudad y en otras instituciones bajo su jurisdicción. Hay una agenda importante por delante, y el desafío de obtener cooperación internacional para el desarrollo será fundamental, ya que se requieren recursos adicionales para abordar los desafíos que demandan inversiones y flexibilidad financiera, y la cooperación internacional en el ámbito de la discapacidad ofrece oportunidades significativas. Espero ver a Alex interactuar más las personas con discapacidad, como se logró en épocas anteriores en el gobierno nacional.
En cuanto al departamento, Eduardo y Alfredo se encuentran en una disputa legítima, ambos son líderes destacados. Sin embargo, Verano, debido a su experiencia política y académica, cuenta con una ventaja técnica evidente en comparación con la campaña de Varela. No obstante, Alfredo representa un movimiento de renovación que podría generar un cambio significativo, y en democracia, nada está garantizado hasta que se produce la elección, por lo que podría acceder a ella si estabiliza el rigor político y su agenda técnica. Todo está por definirse, y cada voto es importante. Ellos enfrentarán numerosos desafíos, y la cuestión de la discapacidad será uno de ellos.
Si Verano accede a la gobernación, tengo confianza en que su enfoque, arraigado en el liberalismo democrático e influenciado por figuras destacadas como Stuart Mill y Harriet Taylor, lo llevará a reconocer la importancia fundamental de la inclusión de personas con discapacidad en todas las actividades gubernamentales. Este reconocimiento es esencial para permitir que las personas con discapacidad puedan desarrollarse de manera “libre” sin verse afectadas por discriminación u opresión que menoscabe su identidad. En su calidad de defensor del liberalismo, estoy seguro de que Verano realizará los ajustes necesarios para transformar una política meramente teórica en una práctica real y concreta. De esta manera, se comprometerá a cumplir con los principios del igualitarismo liberal en relación con la discapacidad.
Además, Eduardo Verano cuenta con una sólida trayectoria como constituyente, y estoy familiarizado con su enfoque técnico y su rigurosidad en temas académicos, ya que hemos colaborado en la elaboración de un libro en el cual él prologó: Balance y Perspectivas de la Constitución Política de Colombia. Estoy seguro de que comprenderá plenamente a lo que me refiero en este contexto.
Si Alfredo Varela asume la gobernación, espero que mantenga un enfoque igualitario. Aunque su ideología política a veces parece inclinarse hacia el liberalismo democrático, en otras ocasiones hacia la socialdemocracia o el centro político, lo que realmente noto es su compromiso primordial con la comunidad. Varela ha establecido un sólido contacto con una gran parte de la base social del departamento, lo cual es un factor determinante en una campaña. Además, representa la posibilidad de una renovación generacional en la política del departamento, lo que lo hace atractivo incluso para personas de mi generación y las generaciones posteriores.
He observado su conexión con grupos sociales que históricamente no han sido incluidos en la agenda técnica de las campañas políticas. Por ejemplo, fue uno de los primeros candidatos en interactuar con la comunidad sorda utilizando la lengua de señas colombiana, y sé que está buscando orientación para garantizar una inclusión efectiva de las personas con discapacidad. Este compromiso es algo que valoro de manera positiva. En caso de que sea elegido para la gobernación, espero que su enfoque igualitario, que ha expresado en su campaña y en su interacción específica con las personas sordas, se consolide con mayor rigor y habilidad durante su mandato.
En cualquier caso, les deseo a todos los candidatos mucho éxito en sus respectivas aspiraciones.
PREGUNTA: Independientemente de la afiliación política, ¿dedicaría sus esfuerzos a promover la inclusión de personas con discapacidad en cualquier nivel de la administración pública del departamento y la ciudad se le brindara tal oportunidad?
RESPUESTA: Permítame compartir una experiencia previa antes de asumir mi cargo en el Gobierno Nacional. Antes de ingresar, fui legal intern en la reconocida firma Brigard y Urrutia en Bogotá, a la cual guardo un profundo respeto y cariño. Sin embargo, tras concluir mi período allí, comprendí que mi verdadera vocación no residía en el entorno de las firmas legales, sino más bien en el ámbito social, interactuando con la sociedad y trabajando en beneficio del país y su población.
Cuando se me presentó la oportunidad de ingresar al gobierno nacional, diversas corrientes políticas se atribuyeron mi designación en el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), dado que asumí funciones de gran envergadura a una edad temprana, ostentando el cargo de Subdirector Nacional con tan sólo 26 años de edad. A lo largo de mi recorrido en el servicio público, desempeñé diversas responsabilidades, incluyendo la Subdirección Nacional de Gestión Educativa, Promoción y Desarrollo, así como la de Secretario General y Asesor del Despacho de la Dirección General. Mi disposición constante para asumir estos desafíos ha sido evidente, ya que mi compromiso con la inclusión ha sido inquebrantable.
Sin embargo, es importante mencionar que, debido a mi constante disposición a asumir responsabilidades, surgieron diversas voces que reclamaron la autoría de mi nombramiento. Algunos llegaron incluso a insinuar que mi parentesco con un tío-abuelo que previamente había ocupado el cargo de gobernador en el Magdalena, por parte de mi familia materna, pudo haber ejercido influencia en mi ascenso.
Pero, efectivamente, mi nombramiento se fundamentó en criterios técnicos, excluyendo cualquier consideración política. Con el paso del tiempo, las alianzas políticas se solidificaron dentro del ámbito del gobierno nacional. Vale la pena destacar que el expresidente Santos expresó públicamente su reconocimiento por la labor que desempeñé en mi puesto, evidenciándose este elogio a través de una misiva de felicitación. Además, mi trabajo técnico me permitió recibir un prestigioso premio otorgado por la Academia Política de Washington en Estados Unidos, conocido como el “Youth Leadership Award”, uno de los reconocimientos que concede la academia. Es relevante mencionar que, en el mismo año en que fui honrado, el exalcalde Alejandro Char también recibió un premio de esta institución, aunque en una categoría distinta.
El propósito de compartir este testimonio es resaltar la importancia de la transparencia en el ámbito de la vida pública y política. En este contexto, reafirmo mi compromiso inquebrantable de trabajar en beneficio de Barranquilla y el Atlántico. Sin embargo, es esencial enfatizar que existen principios democráticos irrenunciables que no deben someterse a las diferencias partidistas, como la imperante lucha contra la desigualdad, un objetivo que trasciende las afiliaciones partidistas.
En resumen, mi respuesta es afirmativa en lo que respecta a mi disposición para servir a Barranquilla y el Atlántico. Independientemente de quién ostente el liderazgo, ya sea Char, Verano, Varela, u otra persona, estoy plenamente comprometido con lealtad a contribuir a la construcción de la igualdad, tal como lo he hecho previamente en el ámbito del gobierno nacional. Aspiraría a poder continuar esta labor a favor de mi ciudad y mi departamento.
PREGUNTA: ¿Cuál es tu opinión sobre la academia a nivel distrital y departamental en relación con estos temas?
RESPUESTA: Para ser completamente honesto, la academia en esta región se encuentra notoriamente rezagada en cuanto a la promoción del paradigma de la inclusión de las personas con discapacidad. A pesar de que se han producido algunos avances, aún no se ha convertido en una apuesta académica verdaderamente transformadora. Existe un déficit en la financiación de proyectos relacionados con la inclusión y, debido a la falta de comprensión técnica del paradigma, la agenda académica tiende a pasar por alto la necesidad de presentar con rigor la urgencia de un cambio significativo en materia de discapacidad.
Si bien conozco a algunos profesores en Barranquilla y el Atlántico que lideran iniciativas relacionadas con la inclusión de personas con discapacidad, aún no han logrado generar un impacto masivo, comparable, por ejemplo, al bloque académico que defiende el feminismo académico, el afrocomunitarismo caribeño o los derechos de la población LGBTIQ+. La agenda académica en el ámbito de la discapacidad sigue siendo un tema por tratar, no una prioridad. Además, no parece ser una cátedra oficial en muchas universidades. He revisado algunos programas de posgrado en áreas como derecho de familia, derecho constitucional o derecho administrativo en universidades de Barranquilla y la mayoría de ellos (a excepción de algunas pocas) no contienen la enseñanza de la inclusión de personas con discapacidad en sus planes de estudio.
Es realmente desconcertante que especializaciones en áreas como derecho de familia, derecho laboral y de la seguridad social, derecho penal, derecho civil o derecho constitucional no aborden adecuadamente la legislación vigente relacionada con las personas con discapacidad, como la Ley 982/2005, la Ley 1618/2019 y, en particular, la Ley 1996/2019 que reformó el régimen general de las personas con discapacidad, en la cual tuve la oportunidad de contribuir con insumos cuando estuve en el gobierno nacional. Si estos temas no se abordan en los programas de posgrado, es aún más improbable que veamos intérpretes de lengua de señas en las aulas o que pensemos que una rampa soluciona el problema. En resumen, si la academia no defiende la necesidad de visibilizar los desafíos locales que enfrentan las personas con discapacidad, la influencia técnica quedará marginada, y los líderes políticos podrían no percibir la discapacidad como un tema de relevancia pública. Es crucial que la academia asuma su responsabilidad de poner de manifiesto los problemas sociales como cuestiones de interés público. El conocimiento académico hace parte también del poder político que transforma.
PREGUNTA: Entonces, ¿crees que también tenemos deficiencias en el ámbito académico?
RESPUESTA: En realidad, quiero destacar que la Universidad del Norte está liderando un proceso muy significativo en términos de inclusión dentro de la institución y sus facultades. La iniciativa del CREE, con Soraya Lewis, está llevando a cabo transformaciones sustanciales en cuanto a la inclusión. Asimismo, en la Dirección General de Extensión, Paola Alcázar, una destacada líderesa en inclusión, no sólo a nivel del Caribe sino también a nivel nacional, está desempeñando un papel crucial en esta área.
Quiero resaltar el trabajo que Alberto Madero, Decano de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, está realizando en pro de la inclusión. Madero ha incorporado firmemente la discapacidad de la ciudad y la región en su agenda, y esto es algo que puedo afirmar con certeza. Generosamente, me permitió presentar mi libro en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la universidad el año pasado, en un evento que contó con la presencia de la comunidad sorda local y nacional. Además, el Consultorio Jurídico de Uninorte ha acumulado una valiosa experiencia en litigio estratégico en el ámbito de la discapacidad.
En cuanto a la red de universidades en el distrito, quiero mencionar el trabajo de Liliana Travecedo en el Centro de Conciliación de la Simón Bolívar. Su liderazgo está comprometido con la inclusión de las personas con discapacidad, y he tenido el placer de conocerla en un evento donde fui ponente principal, invitado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Desde entonces, he observado su crecimiento en el ámbito de la inclusión. Ella hace apenas dos semanas, organizó un evento institucional excepcional en la Universidad Simón Bolívar sobre la Ley 1996/2019, en la que soy experto, y tuvo una asistencia significativa de más de 150 personas, lo cual es notable.
La Universidad del Atlántico también ha demostrado un compromiso histórico con la inclusión y ha llevado a cabo trabajos valiosos con las personas con discapacidad. Reconozco el esfuerzo de la UniAtlántico en la promoción educativa de las personas sordas en el departamento, y su amplia experiencia en este campo. Este es un conocimiento que también pude constatar durante mi tiempo en el INSOR. Otras universidades también están acercándose al paradigma de la inclusión.
En general, veo que en la ciudad y el departamento existe un deseo genuino de avanzar en este tema, pero también una gran necesidad de fortalecer la base técnica en relación con la discapacidad. Aún persisten confusiones, especialmente en lo que respecta a la implementación de la Ley 1996/2019. Hay mucho trabajo por hacer.
PREGUNTA: ¿Cuál es tu propuesta en este contexto?
RESPUESTA: La creación de una Red o nodo departamental de discapacidad que esté interconectado con el Consejo Distrital y/o Departamental de Discapacidad sería un paso esencial. En este contexto, las universidades líderes en inclusión desempeñarían un papel fundamental al presentar acciones concretas de cambio y mejora que se integren directamente en la agenda de trabajo del alcalde y el gobernador. Además, sería altamente beneficioso establecer un Observatorio Departamental de la Discapacidad, preferiblemente como un proyecto académico respaldado por la financiación de la cooperación internacional. Este observatorio tendría un impacto significativo tanto en el Atlántico como en la región del Caribe y podría proporcionar orientación sobre líneas de políticas inclusivas.
El propósito fundamental es iluminar a la agenda política tradicional, que lamentablemente aún se basa en la errónea idea de que la discapacidad se soluciona proporcionando sillas de ruedas, bastones, techos, televisores o en los casos más problemáticos, intentando “curarla”. Es preocupante que estas ideas persistan en el departamento del Atlántico y que parezcan carecer de una base moral y política sólida para ser desacreditadas. Para abordar adecuadamente esta cuestión, es esencial lograr una articulación efectiva entre el Estado, la sociedad civil y las universidades locales. Este enfoque se inspira en modelos exitosos como los de España y Suecia, que han demostrado producir resultados positivos y que podrían servir de guía para el desarrollo de políticas inclusivas en el Atlántico y el Caribe.
PREGUNTA: Finalmente, ¿hay algo más que desees expresar?
RESPUESTA: Quiero enfatizar que los desafíos sustanciales que enfrenta aproximadamente el 80% de la población con discapacidad en las regiones, tales como el acceso a la justicia, la atención sanitaria integral, la educación de calidad y el derecho a un desarrollo social sostenible, como se evidencia en datos del DANE de 2020 y el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad, así como la falta de implementación de ajustes razonables y medidas afirmativas para promover la independencia y autonomía y así superar las preocupantes tasas de pobreza monetaria, entre otros aspectos relevantes para las personas con discapacidad, no están completamente reflejados en la mayoría de las propuestas de alcance distrital y departamental.
Es fundamental comprender que la inclusión de las personas con discapacidad no puede compararse con proyectos locales, como la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable o la provisión de subsidios, sin menospreciar la importancia de estas iniciativas, en el contexto del Atlántico o Barranquilla. La implementación de políticas y programas destinados a garantizar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad, en el marco de un programa de gobierno que posteriormente se convierte en un Plan de Desarrollo, sigue un proceso minucioso. Comienza con una acción consensuada, dialogada y acordada con los grupos y movimientos de personas con discapacidad presentes y requiere una metodología política y científica que esté en consonancia con el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por lo tanto, es esencial reconocer que los diversos grupos de personas con discapacidad ejercen su derecho al voto y forman una voluntad electoral coherente capaz de tomar decisiones informadas. Todas las campañas y programas a nivel de Barranquilla y el Atlántico deben abandonar la noción de que las mejoras para las personas con discapacidad serán simplemente un resultado “secundario” de un proyecto político más amplio que se llevará a cabo en el departamento, distrito o municipio. Esta perspectiva es errónea. Es imperativo recordar que la idea generalizada de igualdad a menudo oculta las desigualdades que aún prevalecen. Las campañas y programas electorales deben adoptar un compromiso genuino con la inclusión y comprometerse a democratizar la igualdad para todas las personas con discapacidad. Esto implica empoderar a estas comunidades desde sus particularidades y permitir que sus realidades y necesidades se reflejen en las propuestas de cambio social lideradas. Este enfoque es esencial para el proceso democrático de la ciudad y el departamento.
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