Meta pagará hasta US$16.680 millones por demandas de adicción de menores en redes sociales

Meta pagará hasta US$16.680 millones y se compromete a nuevas protecciones para adolescentes tras demandas por adicción a sus redes.

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar un máximo de 16.680 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos, que denunciaron la adicción de menores de edad a sus redes sociales, según un documento judicial publicado este miércoles. Las autoridades acusaban a la compañía de diseñar sus plataformas para generar adicción entre los menores, engañar al público sobre los peligros de su uso, ignorar los daños a la salud mental y física de los jóvenes, y violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores. El acuerdo evita la celebración de un juicio federal en California que agrupaba los reclamos de 29 estados.

La compañía, liderada por Mark Zuckerberg, se comprometió a implementar protecciones para usuarios adolescentes y menores de trece años, entre ellas: verificación de edad y eliminación de cuentas de menores de trece años, bloqueo por defecto de notificaciones y acceso nocturno a la aplicación (salvo mensajes directos), un límite diario de uso de dos horas, un modo escolar que silenciará notificaciones en horario lectivo, y notificaciones obligatorias tras quince, sesenta y noventa minutos de uso continuo.

El anuncio se produjo un día después de que el director de Instagram, Adam Mosseri, testificara en el juicio en California, donde también se esperaba la declaración de Zuckerberg. Tras conocerse el acuerdo, que aún requiere la aprobación de un juez, las acciones de Meta subían más de un 3 % en Wall Street.

Mark Zuckerberg

Una tendencia que ya no es solo de Estados Unidos

El caso de Meta se da en medio de una ola global de regulaciones que buscan frenar la exposición de los menores a las redes sociales, un fenómeno que Europa ya empezó a enfrentar con medidas concretas. Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir el acceso a redes sociales para menores de 15 años, una ley que entró en vigencia el 1 de septiembre de 2026 y que obliga a las plataformas a cerrar las cuentas existentes de menores y a validar la edad de sus usuarios mediante sistemas aprobados por el regulador francés de protección de datos.

Otros países europeos avanzan en la misma dirección: España anunció una prohibición para menores de 16 años, sin excepciones por permiso parental; Grecia restringirá el acceso a partir de enero de 2027 a través de una aplicación estatal de control parental; y Alemania, Portugal, Dinamarca y Eslovenia debaten o preparan iniciativas similares, en un proceso que cuenta con el respaldo del propio Parlamento Europeo, que ha planteado los 16 años como edad de referencia para toda la región. Australia fue pionera a nivel mundial al prohibir en diciembre de 2025 el acceso a redes sociales para menores de 16 años, con multas de hasta 30 millones de euros para las plataformas que incumplan la norma.

Cómo opera la adicción digital

Detrás de estas regulaciones hay una preocupación médica y psicológica cada vez más documentada. Especialistas en neurodesarrollo infantil advierten que las redes sociales no funcionan solo como entretenimiento, sino como sistemas de comparación permanente que generan ansiedad, baja autoestima y presión social en niños y adolescentes.

A esto se suma el diseño mismo de las plataformas: los algoritmos de recomendación tienden a priorizar el contenido más extremo o adictivo para mantener a los usuarios más tiempo conectados, exponiendo a los menores a ciclos de uso compulsivo, alteraciones del sueño y, en muchos casos, contenidos relacionados con el acoso, la violencia o material dañino para su desarrollo emocional.

El caso de Meta, con miles de millones de dólares en juego, es apenas una muestra de que gobiernos y organismos internacionales ya no ven este fenómeno como un asunto menor, sino como una crisis de salud pública que exige regulación urgente.

Redacción Buenas Nuevas

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